El hecho ocurrió en Villa Griselda, Santiago del Estero, donde se acusa a la médica que la atendió de haber mentido y el Ministerio de Salud provincial comenzó una investigación sobre el accionar de la profesional ya que aseguran que el bienestar de la niña «sigue en riesgo».
Una médica del UPA de esa localidad mintió con respecto al tiempo de gestación y así se le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años que había quedado embarazada producto de una violación.
Según distintas fuentes, la nena llegó con su madre el último 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N°3 del barrio Villa Griselda, en la ciudad de La Banda, pero la derivaron con un turno para el día 6 a otro centro, donde le dijeron que estaba de casi 30 semanas.
Más allá de la ILE, donde el aborto para un caso como el de esta niña está contemplada por la ley argentina desde 1921, hace casi 100 años, se vulneran el derecho de la niña a ser informada, y el derecho de la madre. Incluso, al tratarse de una menor de 13 años, esa relación sexual es contemplada por la ley como violación.
Lo que prendió un alerta a la Ministra de Salud santiagueña, Natividad Nassif, fue que el personal médico no dio aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que intervenir porque hay una niña abusada. Y tampoco se hizo la denuncia en la comisaría del Menor y la Mujer.
El informe de la médica, tardó 3 semanas en ser escrito luego de la consulta de la niña, y llegó al Ministerio de Salud de la provincia mucho mas tarde. Un informe donde la médica documenta que la niña llevaba un embarazo de 26 semanas: le agregó un mes y medio al tiempo de gestación real, especificando que el embarazo había sido producto de una relación con otro joven, cuya identidad no fue revelada.
El caso de María fue elevado finalmente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, desde donde se aconsejó reportar todas las irregularidades del caso de María a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que se restituyan los derechos vulnerados a la niña de 12 años.
La defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, aseguró en un medio televisivo que “conocía el caso desde sus inicios” y que «la niña tenía 20 semanas de embarazo y le dijeron que tenía 26”. Por su parte, organizaciones sociales de la provincia manifestaron «gran preocupación por las posiciones públicas de la médica involucrada en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente».
Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.
