El ex intendente de Almirante Brown y actual diputado nacional, Darío Giustozzi, fue procesado en una causa que investiga una presunta falsificación de documentos en la construcción de una obra que, como estuvo mal desarrollada, quedó sin utilidad alguna.
El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos. También fue procesado el ex jefe comunal Daniel Bolettieri.
La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole que comenzaron en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El magistrado detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado, según informa el diario Infobae.
La presunta irregularidad que se investiga es que estaba absolutamente prohibido realizar construcciones por fuera del plan director que estaba a cargo de AySA, sin aval de esa empresa estatal.Además, desde el 2011-la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
También se detecto que se falsificó documentación para acreditar la necesaria autorización de AySA y así lograr el financiamiento y la aprobación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).
“Se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable siendo que, para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sin número de irregularidades de diversa consideración con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado disvalioso aludido”, resaltó el juez en el fallo en el que subraya: ” todo era una falacia ya que en realidad, sabían que lo que irían a hacer no servía para su verdadero cometido, pero sin embargo avanzaron, ya que les permitía publicitar una gestión de apariencia exitosa”.
En el procesamiento de más de 160 páginas, que publico Infobae, el juez determinó que se “dilapidaron $ 4.971.753,92” y que en el hecho se “desplegaron todas las acciones necesarias a fin de cumplir con su ilegítima realización, valiéndose para ello de irregularidades, falsedades, incumplimientos de mandas legales y otros tantos artilugios que escondieron su ineficacia y permitieron su ejecución”.
