El Gobierno apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba a restituir ese derecho. Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.
Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones. Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016.
Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.
