Empresarios de la industria de la indumentaria textil aseguraron hoy que las importaciones en 2016 afectaron el nivel de actividad y el empleo del sector, que pasó de un mercado interno abastecido en partes iguales por la producción nacional y la importada, de 500 mil toneladas en 2015, a 425 mil el año pasado, en las que la fabricación local decreció su participación al 39 por ciento.
“La realidad económica de las empresas y trabajadores de la cadena de valor textil indumentaria dista de ser bien comprendida por parte del Gobierno nacional”, advirtió hoy la Fundación Protejer, en referencia a informes y declaraciones de funcionarios nacionales en torno a que el actual nivel de importaciones industriales no incide sobre el mercado laboral local.
En relación a las importaciones, la Fundación Protejer sostuvo que el 80 por ciento de los productos ingresados el año pasado fue sustitutivo de la industria nacional; que el 64 por ciento provino de Asia “donde los asalariados no alcanzan los 300 dólares, con jornadas de más de 12 horas y derechos laborales casi inexistentes”, y que los rubros en los que hubo el mayor aumento fueron los del final de la cadena, como prendas de vestir y confecciones para el hogar.
Además, denunciaron “el impacto dañino” que tendrá la reciente medida de la Afip de incluir en el blanqueo de capitales a unos 4.000 containers abandonados en la Aduana “por tener un origen ilícito, y que se estima contienen más de 80 mil toneladas de productos textiles”.
Por último, rechazaron la consideración del gobierno de la falta de competitividad del sector, que “tiene niveles de eficiencia productiva de clase mundial, producto de su centenaria trayectoria y de los más de 3.500 millones de dólares invertidos en los últimos años en bienes de capital que se encuentran en la frontera tecnológica”, según resaltaron.
En cambio, denunciaron que una vez salidos de las fábricas, los productos textiles “se encuentran con los costos fiscales y financieros más altos del mundo, con un sistema financiero subdesarrollado que brinda servicios raquíticos a precios exorbitantes, incremento de los costos de energía, litigiosidad laboral cebada por la industria del juicio, servicios logísticos caros e ineficientes y con concentraciones de los canales de comercialización que se apropian de buena parte del valor generado por la industria”.
