Por Roberto López Puglisi (*)
Como factor ordenador, este artículo comienza con la formulación de una pregunta general, que pretende poner contexto, y luego, una pregunta particular que permita entender el direccionamiento de ciertas de providencias del estado. ¿Hacia dónde va la política exterior argentina?, en términos generales, y en particular, ¿qué sucederá con nuestras soberanas vías navegables?
El derrotero de la política exterior argentina
En tiempos de convulsión internacional -guerras en Europa y Medio Oriente- el gobierno argentino, que asumió en diciembre de 2023, ha tomado decisiones que lo posicionan, aspiracionalmente, como un actor internacional de relevancia. Es decir, Argentina desde hace algunos años -y con destacable inteligencia gestual- se relacionaba con las potencias que pujan por ser el nuevo hegemón global de modo conveniente y atento a sus intereses. Todo ello planteado en la medida de los extremos posibles. En ese game of power, Argentina supo hacer buenos negocios con China, sostuvo al Mercosur, se vinculó de modo maduro con los EE. UU. y fortaleció los vínculos con la UE. En otras palabras, construyó, desde sus tradiciones un perfil de política exterior asertivo y predecible con estandartes tales como la “cuestión Malvinas”, Antártida y el fin de los enclaves coloniales.
Actualmente, el presidente Javier Milei pareciera querer romper con esas tradiciones imponiendo una agenda propia, descalzada de la estatal, y como consecuencia de ello, alejada de los intereses del estado. Los desbordes discursivos más cercanos a los sets de televisión, pero apartados de la realidad del concierto de naciones, provocan la pérdida de confianza de los principales socios internacionales. La sobreactuación, los excesos verbales y las discusiones en redes sociales, atentan contra los estrictos ritos de las relaciones internacionales, donde la construcción de confianza transita varios gobiernos y consume años de negociación, pero pueden derrumbarse con el solo posteo en una red social. Así de sensibles y frágiles son las vinculaciones entre estados.
En resumidas cuentas, este gobierno ha incurrido en pecados capitales para las relaciones entre naciones: se ha inmiscuido en asuntos de política local de otros países, ha detentado entablar relaciones con territorios reclamados como propios por otras naciones y, entre otras aberraciones diplomáticas, ha expresado opiniones sobre jefes de estado o familiares de estos. Argentina pareciera quedarse sola ante la gravedad de los acontecimientos que se avecinan.
La soberanía de las vías navegables
No debiera resultar extraño vincular las obras de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Canal Magdalena de esta forma de entender la política exterior. Ellas forman parte de un complejo entramado político, económico y social que tiene un anclaje soberano en las decisiones respecto de nuestro comercio exterior.
Aunque resulte llamativa esta discusión, casi de una era poscolonial, la importancia del canal Magdalena, como medio fluvial para llegar a aguas profundas sin la necesidad de ningún puerto extranjero, está íntimamente vinculado a la Hidrovía Paraná-Paraguay. En ese sentido, es crucial sostener la plena autonomía del comercio marítimo, no como un mero simbolismo, sino como el pleno ejercicio de la soberanía que debe distinguirnos como país libre y determinado.
El ejercicio soberano de construir el canal Magdalena autonomizaría el comercio marítimo nacional, siendo esta una obra necesaria en términos técnicos e indispensable como oportunidad económica.
La vinculación con el dragado y balizamiento de la Hidrovía no es antojadiza, son obras complementarias que agilizan las vías navegables argentinas y permite un mejor rendimiento del comercio internacional reduciendo los costos de fletes y seguros marítimos.
Las noticias acerca de la posible contratación a FF. AA. extranjeras -Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU.- para la ejecución de la obra de dragado pone en crisis a la soberanía nacional y expone a los espurios acuerdos de alineamiento con potencias extranjeras que ejecuta el gobierno nacional.
En ese mismo sentido, la cancelación de la ejecución de la obra pública en todo el país paralizó cualquier avance y desperdició todo el trabajo realizado hasta diciembre de 2023 por todos los ministerios intervinientes.
Queda claro que la necesidad de la ejecución de ambas obras es indispensable para el giro comercial de las empresas argentinas, una oportunidad de agilización del tráfico marítimo que redundaría en una mejora, como ya se ha mencionado, en los costos de los fletes e impuestos.
Argentina es una nación con uno de los litorales fluviales y marítimos más importantes del mundo, la consolidación del control de los puertos y vías navegables es obligación indelegable del estado. Las delegaciones de facultades otorgadas en los fatídicos años noventa sobre las jurisdicciones de los puertos, dragados y balizamientos son horrores soberanos que aún arrastra Argentina promediando el siglo XXI; esta situación persistente continúa dañando al erario público y a la seguridad interior.
En cuestiones más palpables, la presencia del Cuerpo de Ingenieros de un Ejército foráneo le va a permitir a una potencia extranjera acceder a un relevamiento de costas, fondo de río y recursos naturales sin costo de operaciones. Es más, todas esas operaciones militares serán pagadas por la Administración General de Puertos (AGP) bajo la figura de tareas encomendadas por el dragado de la Hidrovía. En síntesis, una potencia extranjera no solamente accede a esa información sensible, sino que el país le paga para que lo hagan.
Argentina debería imponer su voz soberana, ejecutar la postergada obra del Canal Magdalena y no permitir el ingreso de tropas extranjeras al país para la ejecución de ninguna obra de dragado en la Hidrovía.
Algunas consideraciones finales
En términos de las relaciones internacionales, los alineamientos automáticos, y anclados a la coyuntura de un gobierno desinteresado en la continuidad de una política estado, provocan incertidumbre acerca de las consecuencias, actuales y futuras, que deberá sufrir Argentina.
Comprender a la política exterior con la mera observación de una foto, produce la fantástica ilusión de pertenecer a un círculo de actores determinantes en el escenario internacional. El análisis de las acciones en política internacional debería ser observado como una película que muestre todo el desarrollo y que permita discernir la previsibilidad de los intereses propios y de los demás jugadores internacionales.
Las acciones disruptivas, en las relaciones interestatales, quedan reservadas para las potencias dominantes que imponen condiciones. La escuela del Realismo Político ha desarrollado una hipótesis, que le da forma teórica a los hechos de la política internacional, determinando que estos son producto de la confrontación racional con los acontecimientos reales entre estados. Es abordar la realidad desde un esquema racional. Nada de ello parece ocurrir con la política exterior argentina, que no parece fundada en hechos reales y mucho menos racionales.
En resumen, Argentina debería retomar una agenda, suspendida en diciembre de 2023, en la que contemple reactivar las relaciones con los principales socios comerciales (Brasil, China y España), y, por supuesto, alejada de cualquier excentricidad distorsiva de los intereses nacionales. La imaginaria conexión con el mundo, anclada a reuniones con actores -no estatales- del mundo de la tecnología, ignorando a los estados como reales jugadores del concierto de naciones, no es más que un acto de profundo desconocimiento de la dinámica de las relaciones interestatales.
Es preciso recuperar la sensatez en el modo de vincularse con las grandes potencias sin la necesidad de dividir al mundo, adolescentemente, entre “buenos” y “malos”; entendiendo que las relaciones se mueven por intereses nacionales y no por gustos personales. En síntesis, volver a la senda de la racionalidad en asuntos de política exterior de la mano de una planificación adecuada que observe, particularmente, la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, y, finalmente, protegiendo la vida y la libertad de sus habitantes.
(*) Roberto López es consultor y asesor legislativo. Más info: robertolopezpuglisi@gmail.com
